En relación a lo anterior, es necesario definir con claridad, el por qué esta comisión se inclina por el modelo de arancel diferenciado y, luego, por el de gratuidad total. En este sentido, se proponen las siguientes reflexiones.

1. 1.    Accesibilidad: el objetivo de un Sistema de Financiamiento

El modelo de financiamiento de la educación no puede ser un fin en sí mismo, sino  ser la herramienta que permita lograr un objetivo superior, que es el anhelo de la sociedad actual de mejorar la accesibilidad, la calidad, la movilidad social y la igualdad entre quienes acceden a ella.  Además, estos principios deben cristalizarse en una política de Estado, que trascienda gobiernos e ideologías.

La comisión considera que la gratuidad no asegura la accesibilidad, en tanto la capacidad de financiamiento del sistema no sea lo suficientemente robusto como para sostener la demanda por educación superior de todos los egresados de la enseñanza media con capacidad intelectual. Además de la simple gratuidad del arancel, es necesario el apoyo financiero para la mantención de los estudiantes mediante becas.

Todo hace suponer que esta robustez no tendrá la magnitud de la de países en que efectivamente la educación superior es gratuita. Noruega y Suecia, por ejemplo, tienen un PGB per cápita de US$ 56.648 y US$ 39.013. Chile, entre los países de la OCDE, está en el penúltimo lugar de la tabla, sólo superando a Turquía, con un PGB per cápita de US$ 14.321, similar a México, pero muy por debajo de Hungría, Polonia, República Checa, etc. Lo anterior implica que la gratuidad sólo será posible para una escasa fracción de la población joven, a menos que Chile multiplique por 2 a 4 veces su PGB.

1. 2.    Identificación de Limitaciones en la Accesibilidad

Se ha establecido que las barreras fundamentales que limitan la accesibilidad a la educación superior en Chile[1] son: i) el sistema de financiamiento  ii) los procesos de admisión y iii) la calidad de la educación básica y media.

Dejando de lado los dos últimos puntos, que merecen un trabajo paralelo, de gran envergadura, pero que escapan a los objetivos de esta comisión, se puede decir que el sistema de financiamiento de la educación superior, que comenzó luego de las reformas de 1980-1985,  manteniendo préstamos convenientes sólo a los estudiantes de las Universidades tradicionales, impactó fuertemente en la accesibilidad a la educación superior. Este sistema, con los años se redujo sólo a estudiantes de familias muy pobres, que prácticamente no ingresan a las Universidades tradicionales con procesos de selección. El resto debió acceder a créditos más caros, pero con aval del Estado. Los créditos, desde un inicio, en el caso de los estudiantes de universidades privadas nuevas (no tradicionales) fueron créditos caros y directos con la banca.

La accesibilidad a la educación superior está limitada por el costo de los aranceles y el endeudamiento. De hecho, el 70% de los estudiantes de la educación superior estudia en Universidades privadas nuevas, en donde el sistema de acceso a créditos razonables no existe. En cuanto a las Universidades Tradicionales, sus estudiantes provienen de hogares de mayores ingresos, no obstante de clase media, y por lo tanto insuficientes para lograr el pago completo de aranceles por cada hijo en la educación superior.

Finalmente, se debe decir que la accesibilidad por parte de la oferta en Chile aumentó ostensiblemente desde fines de los 90 y todo el 2000 con el advenimiento de una significativa cantidad de universidades privadas, la mayoría con fines de lucro, que satisface la escasa oferta de las universidades tradicionales. Dos factores fundamentales posibilitan lo anterior, la primera es la nula observación de la ley respecto de lucrar en la educación terciaria (con el agravante del no pago de impuestos) y la débil regulación de un sistema de acreditación en la cual es muy difícil ser reprobado.

1. 3.    Costos de la Educación Superior: un insumo para la política de financiamiento.

No es un propósito aquí desplegar una estructura de costos para la formación superior relacionada con la Ingeniería Agronómica y la de Ingeniería en Recursos Naturales. Más bien, la de reflexionar acerca de algunas características que debieran llamar a la diferenciación en el sistema de financiamiento de los estudios de la educación profesional. El costo de las carreras universitarias, incluyendo las que imparte la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de Chile, son relativamente similares en todo el sistema de educación superior nacional. No obstante lo anterior, debieran identificarse ciertas características diferenciadoras. La infraestructura, facilidades de búsqueda de información, insumos docentes y pedagógicos, pudiesen ser ligeramente variables. Los recursos humanos que forman a los profesionales, sin embargo, son indiscutiblemente diferentes entre instituciones. Si bien es cierto que carreras profesionalizantes como las nuestras, demandan un cierto nivel de participación de recursos humanos part-time, con experiencia profesional, el soporte intelectual de la formación e innovación de la formación profesional descansa en los investigadores.

Dado que existen instrumentos de financiamiento para la investigación (fondos concursables tales como CONICYT, CORFO, FIA, etc), ésta no debiera ser financiada por la matrícula y aranceles.

Es muy posible que lo anterior impacte a la baja el costo de matrículas y aranceles en la educación pública y, por lo mismo, nivele positivamente el costo de las carreras universitarias en el sistema de educación superior nacional. Este simple factor propenderá, desde una perspectiva de política de financiamiento, a la accesibilidad de la educación superior. En este sentido, los aranceles de referencia debieran ser calculados según los costos de la docencia solamente y aplicados por parejo entre instituciones.

1. 4.    Accesibilidad y Financiamiento: definiciones y precisiones de accesibilidad.

La accesibilidad a la educación superior no depende simplemente costear la matrícula y aranceles. Depende de la posibilidad de cubrir: i) matrícula; ii) aranceles; iii) vivienda y mantención; iv) insumos para estudios (libros, materiales, delantal, fotocopias, transporte, etc.). Además, la accesibilidad significa que a) todos los jóvenes egresados de la enseñanza media tendrán igual probabilidad de ingresar a la educación superior universitaria, b) todos tendrán la posibilidad de mantenerse en el sistema (sin deserción), y que c) no habrá diferencias de género en los indicadores de ingreso y egreso en la educación superior (mujeres y hombres compondrán en partes iguales la población de estudiantes en la educación superior).

Tomando en cuenta los aspectos de costo, la accesibilidad dependerá de lo que la Educational Policy Institute[2] define como “habilidad de pago” (HDP). Es interesante que la HDP no dependa del precio de matrícula y aranceles, sino más bien de lo que dichos costos representan para una población respecto de su ingreso familiar. De este modo, el término incluye los componentes de Precio y Recursos. De acuerdo a la EPI, los factores más relevantes en la HDP, tienen relación con el costo de matrícula, aranceles, costo de vida, becas y, menos importante, créditos o préstamos.

Considerando lo anterior, aquí ya es necesario definir el tipo de financiamiento de la educación superior, que garantice accesibilidad, desde el punto de vista de los costos y solvencia, así como el de la participación de todos los jóvenes del país, con igualdad de oportunidades, con representación de género y sin diferencias en la permanencia en la educación superior.

Cualquier sistema de financiamiento debe garantizar lo anterior. Esto significa que los diseños de cualquier política de financiamiento de la educación superior no pueden ser reducidos simplemente a gratuidad, al préstamo o a la diferenciación de aranceles. El sistema de financiamiento debería, necesariamente, estar acompañado de sistemas de becas, de préstamos o cualquier otro instrumento que garantice niveles mínimos de vida y solvencia para los estudiantes que accedan a la educación superior. Lo anterior puede involucrar incentivos, por ejemplo, para que los estudiantes permanezcan en sus regiones para la elección de la institución superior (de manera de abaratar costos) u otras.

1. 5.    Modelo de Financiamiento

Por todas las consideraciones anteriores, no resulta posible definir gratuidad, arancel diferenciado o sistema de préstamo, hasta no calcular el costo que significa, que todos los estudiantes con capacidad de estudios en educación superior, accedan a ella. Así mismo, en los costos de apoyo a la educación terciaria, se hace necesario incluir la educación técnica con acceso público como en las antiguas carreras de la UTE, INACAP u otras, o bien la fundación de institutos politécnicos públicos.

Eso sí, es posible definir el gasto que la sociedad toda debiera estar dispuesta a invertir en la educación. Como se sabe, los países de la OCDE invierten en educación, el 4,6 % de su PGB. Chile aumentó, desde el 2006 al 2008, desde un 3,2 a un 4 %. Considerando que la educación es una de las tantas deudas sociales en nuestro país, acompañada de vivienda y salud (al menos), se debe fijar un nivel de PGB al cual aspirar en el más corto plazo posible. Se propone que en 2 años, este llegue al promedio OCDE y, si es necesario, subirlo aún más. Malasia, por ejemplo, un país que intenta invertir en su crecimiento en educación, con un PIB similar al de Chile, gasta un 8,1% del PGB en educación, México un 5,3 %, Colombia un 5,2 %, etc. En atención a lo anterior, y con el convencimiento de que la educación es el motor del desarrollo, el aumento del gasto público en educación debiera subir a un 5 % en los próximos cuatro años. Eso sí, se debe subrayar que este gasto se destina a educación pre-básica,  básica, media, y educación técnica y universitaria.

Es muy probable que los sistemas de financiamiento de la educación superior transiten desde un modelo de crédito a otro, como el de arancel diferenciado y, finalmente, como es la aspiración de quienes suscriben este documento, el de la educación gratuita. Por lo mismo, se hace indispensable el definir las condiciones y universo de asignación de subsidios, vía créditos, arancel diferenciado o gratuidad, de manera de terminar con las consecuencias que significan hoy, para muchos estudiantes y sus familias, los sistemas de crédito, entre otros.

1. 6.    Supuestos de condiciones de educación y disponibilidad de recursos para un nuevo sistema de financiamiento de la educación superior.

Los supuestos que se hacen necesarios para lograr un sistema de financiamiento de la educación superior con fuerte aporte del estado en Chile, son las siguientes:

a)    Se contará con un sistema de educación pre-básica, básica y media pública, de calidad y gratuita, que garantice igualdad de condiciones intelectuales para el acceso a la educación terciaria, en todos sus niveles, para todos los jóvenes de Chile, independiente de la condición socioeconómica de las familias, lugar de procedencia y cualquier otra consideración (religiosa, cultural, etc.).

b)    Debe existir un sistema de educación técnica y/o técnico profesional, con igualdad de condiciones de acceso al financiamiento que en la educación universitaria.

c)    Se contará con un sistema tributario reformado, con énfasis en la tributación de grandes empresas, de pago universal, sin exclusión de actividades (como la minera) y que, de igual manera, impondrá sistemas de royalties a actividades extractivas o de otra índole, que arriesguen la sustentabilidad de recursos naturales, sean estos renovables o no renovables.

d)    Las universidades con fines de lucro han demostrado, en el mundo, estar entre las de peor impacto en la generación de conocimiento. En Chile, el lucro en la educación superior está prohibido. Las universidades con fines de lucro, en atención a la legislación vigente y a los datos empíricos de su nula relevancia en el desarrollo de las naciones, deben desaparecer.

e)    Debe existir un sistema estricto de acreditación al más alto nivel, comparable con estándares internacionales. En Chile, el 30 % de los estudiantes en la educación superior cursa estudios en carreras no acreditadas[3]

1. 7.    Mecanismos de Financiamiento y sus Condiciones:

7.1      Sistema de Crédito

En relación a los créditos, esta comisión vislumbra una permanencia de, al menos, en el corto plazo de este mecanismo de financiamiento de la educación superior. Sin embargo, reconoce que una de las motivaciones del movimiento estudiantil, de gran sensibilidad pública, es el impacto que este sistema ha tenido sobre las familias y estudiantes que se ubican en posiciones de ingreso insuficiente para el pago de aranceles y mantención de estudios, pero que no alcanzan a acceder al sistema de crédito solidario. La banca ha accedido a un mercado de demanda de créditos con riesgos menores al de un crédito de consumo, automotriz o hipotecario, por la garantía del Estado, pero con intereses superiores al de los anteriores propósitos.

Esta comisión reconoce que en el evento de un sistema de acreditación exigente, el mayor beneficiario es el estudiante. Por lo mismo, este sistema de crédito debe ser universal. Se propone que este debe ser otorgado por el Estado, con una tasa de interés máximo de un 2% anual, que el pago no exceda el 5% de los ingresos anuales del profesional, se active su cobro 2 años desde el egreso y que tenga una caducidad de 10 años. Es decir, se propone un sistema de crédito similar al actual crédito solidario, pero como sistema único. Esta proposición es extensiva a la educación técnica.

La asignación del crédito se basará, en términos de requisitos, en los mismos del sistema de Arancel Diferenciado.

7.2      Arancel Diferenciado:

La asignación del Arancel diferenciado se basará en una ecuación que contemple variables tales como: Arancel de referencia, el que debe ser único para todo el sistema de educación superior, independiente de la institución que otorgue el título o grado, por cada carrera profesional. Debe incorporar indicadores del componente familiar, como el ingreso familiar, patrimonio, salud de sus integrantes y, fundamentalmente, un límite del costo de educación en relación al ingreso familiar, el que en un corto plazo debiera coincidir con el promedio de gastos vs ingresos de familias correspondientes a países OCDE. La asignación de este beneficio debe ser evaluada anualmente.

7.3     Gratuidad del Sistema de Educación Superior:

Planteamos que el sistema de Educación Superior debería llegar a ser gratuito luego de una transición por el modelo de arancel diferenciado y/o crédito solidario. La gratuidad del sistema se basa en el ideario de lograr una sociedad igualitaria, incluyente y que disminuya la brecha económica social. Muy fundamentalmente, la gratuidad de la Educación Superior en Universidades Públicas creemos sería una herramienta efectiva contra uno de los problemas graves del sistema educacional chileno de hoy, como es el de la segregación social. Así, el sistema terciario de la Educación Pública reflejaría la diversidad social, lo cual implica la convergencia de personas de distintas realidades económicas, culturales y religiosas.

Alcanzar un sistema de educación gratuito implica un cambio en las políticas tributarias vigentes y mejorar la calidad del sistema primario y secundario de educación que permita el acceso de los estudiantes de sectores menos favorecidos en igualdad de condición respecto a sus pares de estratos sociales más altos. Además, el sistema de Educación Superior debe tener mecanismos que salvaguarden la alta calidad de la educación impartida, eviten la deserción de estudiantes en condiciones de fragilidad y alcancen la participación igualitaria de géneros.

Una  de las críticas más recurrentes a la educación superior gratuita es el del supuesto que impuestos de clases menos acomodadas beneficiarán a las de mayores ingresos. Por lo mismo, insistimos que esta gratuidad debe existir luego de una reforma tributaria que garantice que estas últimas, efectivamente contribuyan al costo de esta política pública. Así mismo, en virtud de las críticas realizadas respecto de supuestos altos niveles de repitencia, deserción y relajo por parte de estudiantes en sistemas gratuitos, se deberán elaborar reglamentaciones y mecanismos de control y estímulo para que este fenómeno sea mínimo.

1. Aporte Basal para las universidades estatales

Las Universidades Públicas deben contar con un sistema de financiamiento basal de libre disposición. La mantención de infraestructura y un cuerpo docente dedicado a la investigación y desarrollo de áreas prioritarias y de interés nacional, que impactarán positivamente en la formación de profesionales para el país, tiene un costo implícito de alto beneficio para el país. Parte de este costo, cuando es realizado por una institución pública, debe ser financiado por la sociedad. La mantención, por ejemplo, de áreas de investigación de bajo impacto o demanda, por razones coyunturales de cualquier índole, no puede significar que esa oferta de conocimiento no exista. La Facultad de Ciencias Agronómicas por ejemplo, mantiene un cuerpo académico de la mayor variedad y especialidad comparado a otros centros similares en el país. Esto significa que en el evento que surja de improviso la necesidad de contar con información de primer nivel en esa área específica, se cuente ya con un conocimiento acumulado localmente. Parte de este costo, por supuesto, tampoco se le puede imputar a las matrículas y aranceles.

La Comisión se reunió entre el 29 de Agosto y el 16 de Septiembre en 5 oportunidades en las que participaron académicos, funcionarios y estudiantes. Académicos: Ramón Valdera, Loreto Cánaves,  Ricardo Pertuzé, Manuel Paneque, Cristián Araneda, Osvaldo Salazar, Luis Piña, Jaime Auger. Funcionarios: Eliana Muñoz, Leticia Romero. Estudiantes: Nicolás Muñoz, Ignacio Montenegro, Dámare Ayala, Javiera Inostroza, Carla Jara, Patricio Farah, Joaquín Aedo, Elizabeth Galdámez, Maximiliano Bolados, Tania Rannou, Valentina Possel, Catalina Schmidt, Nelly Alegría, Katherine Meneses, Luz Ramos, Raimundo Marchant. Cabe señalar que la lista anterior corresponde a las personas que participaron de la primera reunión, sin embargo, en las siguientes reuniones solo participaron entre 6-8 personas.

CONSENSOS

Uno de los mayores desafíos que el país  necesita enfrentar es el acceso desigual a la educación superior de calidad, así como asegurar el cumplimiento exitoso de los objetivos de formación a medida que se va logrando un acceso más equitativo. Considerando  que el talento se distribuye en la población en forma homogénea independiente del ingreso económico, el sistema actual de selección y acceso margina  a los estudiantes de grupos de ingresos más bajos y aun si logran acceder surgen dificultades como: pocas probabilidades de completar sus programas y mayores demoras en completar sus estudios.

Actualmente la educación en sus niveles prebásico, básico y medio, no está siendo un insumo adecuado para el acceso equitativo a la educación superior, ni para disminuir las desigualdades sociales. El actual sistema de selección universitaria (PSU y NEM) reproduce la desigualdad de acuerdo a los grupos de ingreso económico, tipos de colegio, género y regiones. Algunas conclusiones claves son que los estudiantes de grupos de ingreso bajo, que asisten a escuelas municipalizadas o que son mujeres, tienen mucho menos probabilidades de alcanzar el puntaje necesario para tener acceso a la universidad tradicional de su elección, y tener derecho a recibir apoyo financiero (OCDE y BIRD/BANCO MUNDIAL, 2009).

Esta comisión consideró y discutió de qué manera se podría lograr una mayor equidad en la admisión y en la retención de todos los jóvenes con talento que aspiran a la educación superior, para ello, se plantea enfrentar el problema en tres etapas de apoyo: al INGRESO al sistema de educación superior, durante la PERMANENCIA en éste y en forma previa al EGRESO.

1. INGRESO

Se consideraron otras alternativas de soporte a INGRESO equitativo a la universidad para permitir el acceso a todos los estratos socioeconómicos, los que se detallan a continuación en los siguiente puntos.

Fórmula de ingreso. Como una forma alternativa al sistema existente actual (PSU y NEM) y pensando en nivelar la condición escolar desigual, se propone un sistema que considere las Notas de Enseñanza Media (NEM)  y el puntaje obtenido en la Prueba de Selección Universitaria (PSU) COMPLEMENTADO en una fórmula que los pondere con otros factores de acuerdo a las necesidades de cada carrera (según el perfil de los egresados y su vinculación con el entorno profesional) tales como: una prueba especial para cada carrera según necesidad, los ingresos económicos familiares (como el actual sistema de quintiles), el índice de vulnerabilidad del establecimiento donde estudió, ranking dentro establecimiento desde donde egresó, a región de la que proviene, discapacidad, logros deportivos, aportes o trabajos sociales, entre otras. Las ponderaciones de cada uno de estos elementos considerados anteriormente deben se debidamente estudiados, y trabajados para cada facultad de acuerdo a otras experiencias y a la colaboración de profesionales, pero se plantean como proposiciones  de trabajo inicial. De esta manera se espera que se pueda incluir estudiantes con PSU inferior a 600 puntos que complementen su puntaje con sus antecedentes vocacionales, económicos y académicos.

Cupos de equidad. Se reconoce en los cupos de equidad un avance en la búsqueda de la equidad socioeconómica en la población universitaria.

La distribución  actual del ingreso y de los vacantes para los programas impartidos en la Facultad son los siguientes:

Considerando los antecedentes señalados en el cuadro anterior, y al analizar la posibilidad que de incorporar los cupos de equidad. Se planteó que estos no debieran superar el  7 u 8 % de las vacantes regulares, desglosado de manera que la Facultad ofrezca un 5% de Cupos de Equidad para cada carrera (8 cupos en Agronomía y 3 cupos en IRNR) y de no llenarse cupos extranjeros y/o deportivos  se podrían agregar 2- 4 cupos más para Agronomía y 1-2 para IRNR (llegando a  un 7% y 8% respectivamente)  Este  incremento de la matricula se debe producir solo si es acompañado  de la debida implementación y ajustes  en  la infraestructura existente.

Sin embargo, se declara también como una medida de mitigación frente a un problema de fondo, que debe ser transitoria, pues no suple las falencias de calidad de la educación secundaria en los quintiles más bajos (que es donde apuntan los cupos de equidad). El sistema debe tender, idealmente, a autorregular esta situación.

Becas y acceso. Se declara que hace falta difusión de las iniciativas existentes, pues actualmente los cupos de equidad en la Facultad de Cs. Agronómicas no son utilizados en su totalidad. La difusión debe ser masiva, considerando la realidad de los distintos “estudiantes objetivo”. Estas becas deben asegurar que en cada carrera exista al menos un 20% de estudiantes del quintil de menores ingresos.

Difusión de la facultad. Se reconoce que el pluralismo es uno de los grandes valores de de la Universidad de Chile y para lograr ello se debe hacer una justa difusión de las carreras a todos los sectores, de tal manera de atraer equitativamente a estudiantes de todos los niveles socioeconómicos. Por lo tanto se propone hacer esfuerzos especiales de difusión de la Facultad, no solo en colegios emblemáticos y de altos niveles socioeconómicos, sino también en otros colegios y liceos representativos del resto de la sociedad, tanto en Santiago como en regiones cuando así lo amerite.

2. PERMANENCIA

Asegurado el Acceso equitativo, se cree relevante considerar algunos puntos para favorecer la equidad durante el periodo en que los estudiantes son “alumnos regulares” dentro de la Universidad:

Apoyo económico. Se debería considerar proveer de becas de manutención, de alimentación y/o de materiales para estudiantes con bajos ingresos familiares y que demuestren buen desempeño académico.

Muchos estudiantes son capaces de ingresar a la Universidad, sin embargo, debido a su situación familiar y socioeconómica no están en condiciones de solventar los gastos que implican los estudios universitarios.

Apoyo académico. Al igual que en el punto anterior, estudiantes que han logrado el ingreso a la Universidad a través de cupos de equidad u otros regulares, si bien se cree cuentan con la capacidad para llevar su carrera universitaria a buen término,  no cuentan con bases sólidas en muchos aspectos que requieren de un apoyo adicional. Por ello se plantea generar apoyos docentes a través de tutorías, entre estudiantes y con docentes.

Apoyo integral psicosocial, personal y comunitario. Se debería brindar apoyo para asegurar el adecuado desarrollo personal de todos los estudiantes y la buena relación del individuo con los profesores y el entorno social en el que se desenvuelve su quehacer académico; bajo el apoyo de profesionales competentes.

Infraestructura de apoyo. Se debería brindar a los estudiantes instalaciones con tecnología que permita suplir las carencias del hogar para el buen desarrollo profesional del individuo, tales como salas de estudio, computadores e incluso dormitorios para estudiantes que lo requieran. Considerando, además, que estas deben ser adecuadas para el número de estudiantes que cada facultad admite.

Se debe recordar que la permanencia en la Universidad no sólo busca entregar conocimientos, sino generar un profesional íntegro con alto apego a la ética, motivo por el cual se debe fortalecer, en paralelo al proceso académico, el desarrollo del individuo, su autoestima, la visión que tiene de su rol como profesional de la Universidad de Chile y la visión futuro que tiene de su persona y su aporte al país.

1. EGRESO

Se ha considerado importante apoyar a los estudiantes preparándolos para enfrentar la realidad laboral a la que se enfrentarán como profesionales desde puntos de vista que escapan a los aspectos técnicos de la disciplina. Se debería preparar a los estudiantes para enfrentar adecuadamente una entrevista profesional, estimulando su autoestima, apoyándolos en la obtención de competencias de liderazgo, de resolución de conflictos e inteligencia emocional, apoyo para enfrentar situaciones sociales distintas a las que les pueden haber tocado vivir por su entorno familiar.

Sumado los tres puntos anteriores, se reconoce que la Universidad de Chile en su rol de Universidad del Estado y Centro de investigación, debe apuntar a descentralizar el conocimiento que en ella se alberga; pudiendo hacer uso de sus instalaciones en regiones para generar instancias de aprendizaje -cursos, talleres, debates, diplomados, etc. – y  así entregar los conocimientos a quienes no tienen la posibilidad de acceder a ellos, pero al tenerlos pueden mejorar la realidad local.

Con los conceptos vertidos en este informe, esta comisión espera aportar para la discusión de un acceso más equitativo al sistema universitario y específicamente a la Fac. de  Cs. Agronómicas de la U. de Chile. Además considera que el trabajo de una comisión de esta naturaleza debería operar